Durante el primer año de su administración, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido la política exterior en contra del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Washington ha intensificado las sanciones al gobierno venezolano e incluso sugerido una intervención militar para apartar al máximo mandatario venezolano de la presidencia. A doce meses del inicio del mandato de Trump, Maduro parece estar cada día más afianzado en el poder, y la oposición venezolana es más fracturada que nunca.
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La política exterior estadounidense hacía Venezuela está basada en una serie de preconcepciones erróneas. Quizás la más extendida y grave es la idea de que Venezuela es una dictadura totalitaria. Si bien Maduro ciertamente ha hecho muchas cosas para socavar la democracia, Venezuela no es ninguna Corea del Norte.
Venezuela no es una tiranía autocrática; es una sociedad fuertemente dividida y polarizada. Las encuestas de opinión pública muestran un fuerte y profundo apoyo al chavismo — el movimiento creado por el líder populista Hugo Chávez — entre gran parte de la población. Muchos votantes continúan dándole crédito al chavismo por haber redistribuido la riqueza petrolera a través de sus programas sociales y haber dado una voz a los pobres en la política venezolana.
Cerca del 25 por ciento de los venezolanos apoyan al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro — un número notablemente alto dado el estado en que se encuentra la economía venezolana — y cerca del 50 por ciento creen que Chávez fue un buen presidente. Las recientes elecciones regionales han mostrado que la coalición del gobierno es capaz de movilizar cerca de 6 millones de votantes en apoyo a sus candidatos, lo que representa casi un tercio de la población adulta del país y es más que suficiente para ganar una elección con bajos niveles de participación.
Además de interpretar mal el ambiente político del país, los gobernantes estadounidenses parecen también estar convencidos de que la única manera de que el líder autoritario venezolano deje el poder es por la fuerza. Las sanciones económicas están ostensiblemente dirigidas a aumentar los costos para los militares y se espera que de alguna manera promuevan una rebelión contra Maduro. Este enfoque equivocado proviene de una mala comprensión de la dinámica interna del gobierno y una fe excesiva en la efectividad de las sanciones como herramienta para lograr un cambio de régimen.
Múltiples investigaciones académicas han demostrado que las sanciones económicas rara vez son efectivas. Cuando funcionan, es porque ofrecen a los regímenes sancionados incentivos al mismo tiempo que ofrecen alternativas de salida si se altera la conducta que llevó a la imposición de las sanciones (tal como la reversión del programa nuclear de Irán a cambio del acceso al comercio internacional). Por el contrario, las sanciones contra Venezuela han arrinconado al régimen, incrementando los costos que el gobierno enfrentaría al dejar el poder y elevando así los incentivos para que Maduro no ceda.
Una idea aún más problemática detrás de las actuales políticas estadounidenses es la creencia de que las sanciones financieras pueden dañar al gobierno venezolano sin causar fuertes daños al venezolano común. Esto es imposible cuando el 95 por ciento de los ingresos por exportaciones provienen del petróleo vendido a través de la empresa estatal petrolera.
Cortar el acceso del gobierno a los dólares dejará a la economía sin divisas para pagar las importaciones de alimentos y medicinas. Si se priva a la economía venezolana de sus ingresos en moneda extranjera, se corre el riesgo de convertir la actual crisis humanitaria del país en una verdadera catástrofe humanitaria.
Eso es lo que empezó a ocurrir en 2017. El año pasado, los ingresos por exportaciones aumentaron de $28 mil millones a $32 mil millones, impulsados por la recuperación de los precios internacionales de petróleo. En condiciones normales, un alza en las exportaciones del país habría dejado más recursos disponibles para pagar por importaciones. Sin embargo, en el caso venezolano las importaciones cayeron 31 por ciento en el mismo año.
La razón es que el país perdió el acceso a los mercados internacionales. Incapaz de refinanciar su deuda, se vio forzado a acumular grandes excedentes externos para continuar pagando el servicio de esa deuda en un intento desesperado por evitar una cesación de pagos. Mientras tanto, los acreedores amenazaron con apoderarse de las fuentes de ingresos restantes del gobierno venezolano si el país entraba en cesación de pagos, incluidas refinerías fuera del país y pagos por embarques de petróleo.
Las sanciones económicas estadounidenses le han impedido a Venezuela emitir nueva deuda y han bloqueado cualquier intento de reestructurar sus obligaciones de deuda existentes. Asimismo, las sanciones han llevado a que las principales instituciones financieras hayan retrasado el procesamiento de todas las transferencias de las entidades financieras venezolanas, obstaculizando significativamente la capacidad de las empresas venezolanas de hacer negocios en los Estados Unidos.
Incluso Citgo, una subsidiaria de propiedad venezolana que posee el 4 por ciento de la capacidad de refinación de los Estados Unidos, no ha podido lograr que las instituciones financieras estadounidenses le emitan créditos comerciales rutinarios desde que se impusieron las sanciones
A partir de la Guerra de Vietnam, la mayoría de los políticos estadounidenses han entendido que la política exterior no solo se trata de superar con la fuerza a su oponente sino también de ganarse “los corazones y las mentes” de la gente. Sin embargo, el 56 por ciento de los venezolanos se oponen a las sanciones financieras de los Estados Unidos y solo el 32 por ciento las apoyan.
Cuando se trata de intervención militar extranjera en Venezuela, el 57 por ciento de los encuestados se oponen, mientras que el 58 por ciento apoyan el diálogo entre el gobierno y la oposición y el 71 por ciento creen que esas conversaciones deberían enfocarse en buscar soluciones a los problemas económicos del país.
Los venezolanos tienen buenas razones para temer que sea la gente común la que termine pagando el precio de las sanciones. Datos recientes muestran que en los dos meses después de que la administración de Trump impuso las sanciones financieras, las importaciones se desplomaron en un 24 por ciento adicional, profundizando la escasez de bienes básicos. Esto le dio credibilidad al argumento del gobierno de que las políticas estadounidenses están dañando directamente a los venezolanos.
En vez de debilitar a Maduro, las sanciones hacen cada vez más difícil que la oposición del país convenza a los votantes de que el bienestar de los venezolanos — en lugar de expulsar a Maduro del poder — es su verdadera prioridad. No es la primera vez que la oposición comete este error.
En 2002, los opositores al entonces presidente Chávez convocaron una huelga masiva en el sector petrolero del país. En un intento de lograr la renuncia de Chávez, la huelga paralizó la producción de petróleo y provocó una recesión de dos dígitos. Este evento por sí solo logró convencer a los venezolanos de que no podían confiar en un movimiento político que estaba dispuesto a destruir la economía para alcanzar el poder. En un referéndum revocatorio celebrado dos años después, los votantes respaldaron rotundamente a Chávez.
Los Estados Unidos y la oposición anti-madurista no ganarán los corazones y las mentes de los venezolanos ayudando a destruir la economía del país.Los Estados Unidos y la oposición anti-madurista no ganarán los corazones y las mentes de los venezolanos ayudando a destruir la economía del país. Si Washington quiere mostrar que se preocupa por los venezolanos, podría comenzar brindando ayuda a los más afectados por la crisis. Extender el estatus de inmigrante protegido para los venezolanos en los Estados Unidos y brindar apoyo a los países vecinos que lidian con el aumento de la inmigración venezolana sería un comienzo.
Otra manera sería darle apoyo a organizaciones apolíticas (como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que han logrado abrir canales de asistencia para el país. Los Estados Unidos también deberían apoyar las negociaciones destinadas a crear instituciones que posibiliten la coexistencia de las facciones políticas hostiles del país, en lugar de alentar el reemplazo total de una por la otra.
Yo, al igual que cualquier otra persona, quisiera ver a Maduro irse. El manejo atroz de la economía por parte de su gobierno es la principal (aunque no la única) causa de la crisis económica más profunda de la historia de América Latina.
La anulación de la mayoría de dos tercios ganada por la oposición en la Asamblea Nacional mediante acusaciones falsas y no respaldadas de compra de votos fue un asalto a la constitución del país y el catalizador de las tensiones políticas que provocaron más de 100 muertes en las protestas del año pasado. Hay abundantes pruebas de graves abusos contra los derechos humanos durante esas protestas, que ameritan una investigación internacional para determinar la posible complicidad de los miembros de alto rango del gobierno.
Pero por las mismas razones por las que me opongo a Maduro, también estoy en desacuerdo vehemente con el pedido del presidente Trump, y de algunos comentaristas de la oposición venezolana, por una intervención militar extranjera en Venezuela. Nos guste o no, Maduro se desempeña como presidente de Venezuela porque ganó una elección reconocida por la comunidad internacional.
Incluso si Maduro fuera destituido, sería reemplazado por su vicepresidente, que a su vez podría designar a otro vicepresidente para que ocupe su posición en caso de que él mismo fuera destituido. Incluso una mirada superficial a la constitución venezolana muestra que ésta no le da derecho a la Asamblea Nacional a nombrar un nuevo presidente. Llevar a cabo una intervención militar para reemplazar a un presidente electo constitucionalmente con uno nombrado inconstitucionalmente sería una violación aún peor de la ley venezolana que cualquier cosa de la que los regímenes de Chávez y Maduro alguna vez hayan sido acusados.
Maduro debe dejar el cargo de la misma manera que llegó: a través de los votos de los venezolanos. Venezuela tiene programado celebrar elecciones presidenciales este año. En lugar de alentar sueños fantasiosos de invasiones militares y golpes, la prioridad principal de la oposición venezolana debería ser convencer a los votantes de que cumpliría una mejor labor al frente del país que el gobierno actual. Trump y su administración no deben continuar haciendo esa tarea más difícil.
Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Capital y fue jefe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Fuente: El Universal
