Acusan a 3 funcionarios del Cicpc por corrupción

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El Ministerio Público acusó a tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Luis Silveira, Pedro Ramones y Francisco Urquia, quienes le habrían solicitado 8 millones de bolívares al propietario de una posada ubicada en Chichiriviche, estado Falcón, a cambio de no involucrarlo en un hecho delictivo, situación denunciada el 16 de mayo de este año.

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Al respecto, el fiscal 7° de esa jurisdicción, Eddi Parra, acusó a Silveira (inspector), Ramones (detective) y Urquia (detective agregado) del Cicpc por la presunta comisión de los delitos de concusión, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

El escrito fue presentado ante el Tribunal 1° de Control del estado Falcón, con sede en Tucacas, donde el fiscal del caso solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los tres hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad contra estos, quienes permanecen recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Chichiriviche.

En otro caso, ocurrido en la misma localidad, fueron privados de libertad los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Wilmar Yoselin Vázquez de Herrera, Víctor Rafael Quintero Ávila y Enrique Jesús Avendaño Sala, por presuntamente solicitar la cantidad de 100 mil bolívares a un técnico en Sistemas de Computación de 27 años de edad, a cambio de no llevarlo detenido y vincularlo con la comisión de un hecho punible.

La situación ocurrió el 26 de julio de este año en un local comercial ubicado en Tucacas, municipio Silva del estado Falcón.

En la audiencia de presentación, el referido fiscal imputó a los efectivos policiales por presuntamente haber incurrido en los delitos de concusión, peculado de uso, agavillamiento, tráfico de influencias y privación ilegítima de libertad.

En ese sentido, el Tribunal 1° de Control de Falcón, extensión Tucacas, dictó la medida privativa de libertad contra las tres personas, y fijó como sitio de reclusión la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Fuente: Ministerio Público