Solo a 32% de 50.000 presos llega el nuevo régimen penitenciario

Wall Street

Una de las puntas de lanza de la ministra Iris Varela al asumir el cargo fue la incorporación de todas las cárceles al nuevo régimen penitenciario, que consiste en la aplicación de disciplina militar y programas de formación que a su juicio conducían a la “transformación del hombre nuevo”. La medida ha sido aplicada a 94% de la población reclusa y ha propiciado la pacificación en los centros penitenciarios, dijo la titular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios con motivo del quinto aniversario de ese despacho el 26 julio.

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Sin embargo, ese régimen disciplinario solo ha cubierto a una población de 16.000 reclusos de los 50.000 que están en los 36 centros carcelarios del país. “Hay 34.000 internos distribuidos en 22 cárceles que no han sido incorporados a este sistema y que siguen bajo el dominio de los pranes”, señaló Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Agregó: “La puesta en marcha de un régimen militar no garantiza la armonía en los centros de reclusión; además de que es una medida inconstitucional, pues a los presos no deben obligarlos a levantarse a las 4:00 am a hacer una formación, cantar el himno nacional y realizar ejercicios como si se tratara de un cuartel. Por el contrario, los reos deben incorporarse a programas educativos y socioculturales que promuevan su reinserción, una vez que cumplan su pena”.

En las 14 cárceles donde se ha puesto en práctica el régimen, 15% de los presos no han querido incorporarse porque consideran que ese sistema vulnera los derechos humanos y no resuelve los problemas de retardo procesal, hacinamiento y corrupción.

Prado destacó que la negativa de esos reos a hacer prácticas de orden cerrado y a uniformarse les ha resultado caro porque son castigados: “Los trasladan a centros apartados, no les otorgan beneficios y son torturados”.

Es el caso de Danilo Duarte (nombre ficticio para proteger su identidad), que estuvo recluido año y medio en el Internado Judicial Rodeo III por el delito de robo. “No quise incorporarme a la formación militar y eso me costó varias pelas de la Guardia Nacional. Me pateaban y me escupían; y no conforme con ello me trasladaron al Centro Penitenciario de los Llanos en Guanare, donde mi esposa no puede visitarme con frecuencia por la distancia y la falta de dinero para costear los traslados. La veo cada cuatro meses y eso ha sido muy difícil para mí. Este centro tampoco es bendito, también se han formado motines por los retardos procesales”.

Centros en conflicto.

La inconformidad de los reclusos con el nuevo régimen penitenciario ha propiciado quejas colectivas que han desencadenado conflictos y, por ende, han convertido los centros donde se ha implementado la medida en los más violentos del país, de acuerdo con el análisis de Prado.

Por ejemplo, la cárcel 26 de Julio, en San Juan de Los Morros, ha sido escenario de episodios violentos en tres oportunidades: a los ocho meses de fundada los presos se declararon en huelga de hambre en protesta por ese sistema e irregularidades en la alimentación, así como por las condiciones de insalubridad en las que viven. En esa manifestación 17 presos resultaron heridos. Posteriormente ­en diciembre­ hubo un motín que causó 40 heridos en ese centro, y el 17 de julio de este año se fugaron 17 reos.

La Comunidad Penitenciaria de Coro, que también lleva la disciplina militar como bandera, ha sido tomada varias veces por los presos. Incluso parte desus instalaciones fueron quemadas durante las protestas. En la penitenciaría David Viloria, conocida como Uribana, han ocurrido más de 10 manifestaciones violentas en los últimos 5 años, según Prado.

Ada Jackelinda Jiménez, de 38 años de edad, murió hace 3 meses en la Comunidad Penitenciaria Fénix por someterse a jornadas excesivas de ejercicios enmarcados en las prácticas de orden cerrado. La mujer falleció delante de sus compañeras en uno de esos entrenamientos.

Auge delictivo

Un especialista en materia penitenciaria que prefirió mantener su nombre en reserva informó que el régimen militar no ha podido implantarse en cárceles como Tocuyito y Tocorón, donde las leyes son impuestas por los pranes. En esos centros se han fortalecido las extorsiones y secuestros.

“En Tocorón Héctor Guerrero, apodado el Niño Guerrero, quien es cabecilla del Tren Aragua, maneja un ejército de 300 hombres dentro del penal. Desde allí semanalmente se organizan entre 4 y 5 robos de vehículos. Las víctimas interesadas en recuperar los carros llaman directamente a la cárcel, dan los datos de sus carros y en las taquillas instaladas en el centro pagan el rescate”, dijo.

Los precios de los rescates varían entre 800.000 y 5 millones de bolívares, de acuerdo con la marca, año y modelo del carro. “Los presos manejan el sistema de GPS y cuentan con radiotransmisores para controlar las operaciones de forma conjunta con al menos 50 hombres que están fuera del recinto carcelario, quienes son los que ejecutan los hechos delictivos”, explicó la fuente.

Manifestó que la única forma de acabar con la violencia y convertir las cárceles en verdaderos centros de reinserción que formen a un hombre íntegro y con valores es la puesta en práctica del artículo 272 de la Constitución, que establece que el Estado garantizará espacios para el estudio, el deporte y la recreación en esas instituciones.

Formación del recluso en el pasado

1.- La Universidad Nacional Abierta tenía un programa penitenciario que funcionaba en cárceles como el Internado Judicial de El Junquito, la Penitenciaría General de Venezuela y el Internado Judicial de Mérida, entre otros. Un dato curioso es que el distinguido Ledezma, del caso Mamera, y Manuel Molina Gásperi se graduaron en ese programa estando presos.

2.- El INCE tenía un programa penitenciario para formar en áreas como plomería, electricidad y ebanistería, y funcionaba en casi todas las cárceles del país.

3.- En la cárcel de Uribana había un convenio con una empresa que fabricaba pelotas de beisbol. Los reos, previo entrenamiento, hacían las pelotas y recibían pago por su trabajo.

4.- En el Internado Judicial de Mérida funcionaba una emisora de radio operada por reclusos y tenía cobertura en las áreas cercanas a la cárcel.

5.- En el Internado Judicial del Junquito, la Penitenciaría General de Venezuela y Centro Penitenciario de Occidente en Táchira se trabajaba muy bien la madera, se hacían muebles de buena calidad que eras vendidos a particulares. Incluso hacían muebles por encargo.

6.- En el Instituto de Orientación Femenina las presas trabajaban en una panadería que abastecía la cárcel y a familias de la zona.

7.- En la cárcel de Yare se instaló, con el apoyo de la Gobernación de Miranda, un centro de computación donde se enseñaba a los reclusos a usarlas.

8.- Las universidades, ONG, grupos religiosos, grupos deportivos y otros hacían trabajos como talleres de formación, asistencia jurídica y asistencia médica en recintos carcelarios. Se creó el Festival y Teatro Penitenciario, fundado por Agustina Martín.

El dato

Solo 10% de la población reclusa en todas las cárceles del país, que representan 5.000 presos, está incorporada a los talleres de formación en las áreas de panadería y carpintería, entre otros oficios, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. La mayoría se abstiene de participar en esos programas de formación porque no hay incentivos laborales. Además, son contados los eventos para la venta en los que se muestran las creaciones que realizan los reclusos durante los cursos.

Fuente: El Nacional