Tribunal de municipio desalojó parte de instalaciones de elsiglo

Wall Street

La llegada al edificio azul de un importante número de funcionarios policiales fue indicio de una situación irregular, lo que se confirmó con el arribo de un grupo de efectivos de la Guardia Nacional.

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Inmediatamente se develó el objetivo de dicha presencia, que no era otra sino acompañar un procedimiento judicial de desalojo de parte de las instalaciones del diario elsiglo, específicamente del área de estacionamiento, terrenos que actualmente no tiene un titular definitivo pues dos partes en conflicto se dirimen ante la justicia tal derecho, sin que el siglo sea parte de dicha disputa.

Como si se tratara de una acción judicial que implicara peligro para los ejecutantes, el juez solicitó dicho respaldo policial y militar, para realizar el procedimiento mercantil.

En concreto, se presentó a la sede del diario elsiglo una jueza del municipio Girardot, junto con la jueza ejecutora Ismelda Mendia Villegas, para llevar a cabo la medida. El objetivo fue desalojar parte de las instalaciones de este diario según orden de un tribunal del juez IV civil, Mazzei Rodríguez, del Estado Aragua.

Sin embargo, la jueza a cargo del procedimiento no permaneció durante todo el desarrollo de la acción judicial en los terrenos desalojados, ya que se presentó en el inicio del procedimiento y se marchó, para luego retornar a la escena del proceso sin dar explicaciones por su ausencia, la cual, desde el punto de vista del derecho implica la nulidad de la acción que se ejecutó sin su supervisión y liderazgo como juez.

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La orden con procedimientos viciados obligaría a desocupar parte de las instalaciones y a colocar candados para impedir el acceso y salida de la misma, sin importar el riesgo que esto implicaba para la edición diaria. Tampoco tomaron en consideración los ejecutantes, que en dicha área no solo se encontraban los vehículos con los cuales se realiza la cobertura diaria de las noticias, sino que ahí están ubicados servicios vitales para la producción del periódico como la planta eléctrica y una fuente vital de agua para la rotativa.

Cabe destacar, que elsiglo jamás fue notificado de este procedimiento, por lo que esta acción se entiende como un madrugonazo que dejó atónitos a la directiva y empleados, así como a la colectividad que hace vida en las redes sociales.

Los funcionarios fueron recibidos por representantes de la empresa y de inmediato fluyó el proceso con la colaboración de las partes, no obstante con el paso de las horas se fueron evidenciando una serie de irregularidades.

Cabe destacar que el juez se presentó acompañada con una persona, quien presuntamente afirmó tener la titularidad de parte de los terrenos, cuyo nombre se presume es Cirus Arraugo. Sin embargo, de acuerdo a los registros judiciales, existen dos partes en disputa por la titularidad única de los terrenos, uno de los cuales durante 30 años ha asegurado tener tal derecho legal. Este juicio por una tercería no atañe al diario elsiglo, sino a las dos partes que se abrogan la condición de dueños de estos terrenos que ayer fueron desalojados, y donde la empresa ubicada importantes servicios.

 LAS IRREGULARIDADES

A la luz de la acción judicial de ayer, quedaron en evidencia una serie de irregularidades que afectaron la legalidad de la acción, lo que vició el proceso.

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La orden, que obligaría a desocupar parte de las instalaciones y a colocar candados para impedir el acceso y salida de la misma, no fue debidamente notificada.

A eso se sumó que los funcionarios a cargo del desalojo violentaron el derecho a la defensa y el debido proceso, y además se saltaron los lapsos legales.

Y como elemento preocupante, la jueza ordenó la retención de las cédulas de identidad y las credenciales laborales de cuatro empleados de la empresa, específicamente los gerentes de Circulación, Negocios, Ventas y Asesoría Legal, y de un fotógrafo de nuestro equipo redaccional, que se encontraba realizando su trabajo periodístico durante el procedimiento .

Tampoco enseñaron ni expediente ni orden judicial y la jueza se rehusó a atender a los representantes legales de la empresa, alegando que no hablaría sino con la asesora legal. Esta actitud la mantuvo, a pesar de que se le explicó que la representante legal se encuentra actualmente fuera del país, razón que fue ignorada por la magistrado regional.

 REACCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Desde el inicio de la acción judicial, la preocupación se adueñó de los trabajadores de elsiglo, quienes se congregaron para observar el procedimiento y solicitar información a los funcionarios actuantes, como es su derecho ciudadano y como empleados.

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Pero la reacción de la jueza ni de los funcionarios judiciales arrojó luz a los empleados, quienes aumentaron sus exigencias de hablar con la juez o recibir una breve información del caso. La desinformación se apoderó de los trabajadores, quienes durante parte del procedimiento tuvieron alejados de la zona desalojada, mediante un cordón de seguridad conformado por al menos 20 funcionarios policiales y castrenses.

Lamentablemente, el reclamo de los trabajadores no cayó bien en los funcionarios actuantes y se generó una agresión a los empleados. Una secretaria judicial se alteró ante la pregunta de los trabajadores y optó por agredir a una periodista de esta casa editora. Se trata de Zuleika Rosales, integrante del departamento de Redacción, quien fue golpeada en el pecho y rostro por la secretaria judicial, quien momentos antes tumbó violentamente la cámara que utilizada uno de nuestros reporteros digitales, acción que quedó captada en un video que se viralizó en las redes sociales.

Pero cuando había regresado la calma, un sujeto no identificado, quien al parecer formaba parte de la comisión enviada por el supuesto dueño, procedió a agredir a los trabajadores que en ese momento dialogaban con los funcionarios. De forma concreta, el sujeto robó un teléfono celular y mordió sin piedad el brazo de una empleada (Diana Ochoa) que trató de evitar este hurto. Seguidamente, procedió a destruir el celular y a arrojarlo a varios metros de distancia. Inmediatamente arrolló violentamente a un tercer empleado (Valentín Santana), sin importarle de que se trata de un señor de tercera edad.

Es importante destacar que la empresa tomará todas las acciones pertinentes para denunciar estas agresiones al personal de la empresa, incluyendo a una periodista que se encontraba desempeñando sus funciones de comunicadora social para informar a la colectividad.

Como es lógico, los agredidos acudieron a  las instancias pertinentes para registrar la agresión y solicitar acciones legales contra este sujeto, que insólitamente, actuó en medio de una acción judicial, sin ser funcionario legal, y al margen de toda legalidad, sembrando el terror entre los trabajadores.

Tanto el Cicpc como la Fiscalía de la región fueron notificados de estas agresiones y se procederá sobre la base de las mismas, una posible demanda contra los implicados.

Igualmente la empresa y sus trabajadores, con el respaldo de nuestros fieles lectores agradecemos la labor de los funcionarios de la Policía de Aragua y de la Guardia Nacional Bolivariana, convocados al procedimient o, quienes en todo momento actuaron apegados a la ley y en resguardo de los presentes.

Para finalizar, es oportuno destacar que la empresa está presta a colaborar con la justicia y dar cabida al proceso judicial que la instancia judicial considere pertinente, pero que en esta oportunidad, tanto las irregularidades como las agresiones recibidas por los empleados, especialmente las agresiones contra damas trabajadoras, dieron al traste con la legalidad y el respeto que toda acción judicial amerita.

 ARTIFICIOS FRAUDULENTOS

 Desde hace mucho tiempo, aproximadamente 20 años, existe una disputa judicial donde la Sociedad Mercantil Cargua C.A., viene debatiendo un derecho de propiedad con un ciudadano de la tercera edad, que venía poseyendo el inmueble de manera pacífica. Esto indica entonces que existió siempre incertidumbre sobre quién en realidad era el propietario del terreno.

Se presume entonces la existencia de una doble titularidad, pero que con artificios fraudulentos, el tribunal de la causa, entiéndase como Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, a cargo del j-uez Mazzei Rodríguez, se perjudicó al tercero que se encontraba en posesión del inmueble, decidiendo a favor de la sociedad Mercantil Cargua, que nunca realizó actos de posesión y propiedad sobre el inmueble objeto de la medida.